Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo nacional celebró la aprobación de la reforma y destacó el rol de gobernadores clave para asegurar los votos. La nueva normativa busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para explotar recursos en zonas de alta montaña.
El mapa político argentino registró un movimiento decisivo este miércoles con la sanción de las modificaciones a la Ley de Glaciares, un proyecto que el oficialismo considera vital para el desarrollo económico regional. Con una votación que arrojó 137 respaldos frente a 111 rechazos, la Casa Rosada logró imponer su visión sobre el manejo de los recursos naturales. Minutos después de la confirmación legislativa, el presidente Javier Milei emitió un comunicado donde puso nombre y apellido a los responsables políticos de este avance, consolidando un frente de gobernadores aliados que fue determinante para el quórum y la votación final.
El reconocimiento oficial desde la Oficina del Presidente se centró en cinco figuras del interior del país que gestionan territorios con gran potencial minero. El listado de agradecimientos incluyó a:
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Gustavo Sáenz (Salta)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
Para el Gobierno, esta reforma termina con lo que definieron como una «redacción confusa» de la norma sancionada originalmente en 2010. Según el argumento del oficialismo, la antigua ley imponía restricciones arbitrarias que impedían la actividad minera incluso en terrenos donde no existían formaciones de hielo que proteger. Con el nuevo marco, se establece que la protección estricta recaerá únicamente sobre glaciares y áreas periglaciares que posean un rol hídrico comprobado mediante análisis técnicos provinciales, devolviendo así el «dominio originario» de los recursos a las administraciones locales.
A pesar de las críticas de la oposición y de sectores ambientalistas que denuncian un posible daño irreversible en las cuencas, el equipo económico y legal de la Casa Rosada sostiene que el proceso legislativo, que demandó un año de coordinación, aporta ahora la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones. La participación de carteras clave como Energía y Minería fue resaltada por Milei como el motor detrás de este consenso federal que busca dinamizar la exportación de minerales.
La sanción cierra un capítulo de intensas negociaciones en el Congreso, donde el bloque oficialista logró articularse con sectores dialoguistas para modificar uno de los pilares de la legislación ambiental argentina. El foco queda ahora puesto en la implementación de estos nuevos criterios científicos que determinarán qué áreas de la cordillera quedarán abiertas a proyectos extractivos bajo el nuevo paradigma federal que impulsa la gestión nacional.
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