La senadora nacional volvió a marcar claras diferencias con la postura oficialista de la gestión nacional. La legisladora sostuvo públicamente que ningún magistrado debe ser juzgado por el contenido de sus sentencias judiciales, argumentando que existen instancias superiores de revisión para corregir los fallos controvertidos.
Las magistradas Marta Pascual y Laura De Marinis habían dictado resoluciones contrarias a la aplicación de la baja en la edad de imputabilidad. Estas decisiones judiciales provocaron fuerte rechazo en sectores oficialistas, desde donde se impulsó la posibilidad de someter a ambas juezas a un proceso de destitución formal.
No obstante, la dirigente fundamentó su postura recordando que la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar que intentaba frenar la norma. Las herramientas de revisión procesal funcionaron adecuadamente según la perspectiva de la representante del Senado, evitando la necesidad de recurrir al mecanismo del jurado de enjuiciamiento.
Las declaraciones de la exministra generaron repercusiones inmediatas dentro del espacio gobernante y en aliados del Pro. Diversos referentes del bloque oficialista consideraron que las resoluciones judiciales atentaban contra las leyes sancionadas democráticamente, ratificando sus intenciones de avanzar con las presentaciones contra las funcionarias del Poder Judicial.
El posicionamiento reaviva las discusiones internas sobre la independencia judicial y los límites del control parlamentario sobre los magistrados. Las tensiones en la bancada evidencian miradas encontradas respecto al modo de abordar las decisiones judiciales que impactan en las políticas de seguridad ciudadana.
