La gestión nacional exigió el cese inmediato del proyecto energético Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte bajo la advertencia de recurrir ante la justicia internacional. El reclamo de la administración argentina otorga un plazo formal de catorce días antes de acudir formalmente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas cautelares en resguardo de la plataforma continental.
Las autoridades nacionales remarcaron que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas bajo disputa territorial viola las resoluciones históricas promulgadas por la Organización de las Naciones Unidas. Este accionar unilateral británico representa una alteración ilegítima del statu quo que genera daños irreparables sobre los derechos de soberanía que sostiene la República Argentina sobre el archipiélago austral.
En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso la apertura de acciones judiciales y administrativas contra una firma aeronáutica por realizar trayectos aéreos no autorizados hacia el territorio insular. Las medidas de la Cancillería buscan sancionar los vuelos comerciales no registrados ejecutados por la compañía extranjera entre el territorio disputado y la ciudad chilena de Punta Arenas.
El Presidente ratificó que el Estado agotará los recursos diplomáticos y legales disponibles para frenar lo que catalogó como un despojo de las riquezas naturales del país. Las acciones de la diplomacia pretenden consolidar el respaldo de los organismos internacionales frente a las infracciones normativas cometidas en el Atlántico Sur.
