La justicia chubutense ordenó la captura inmediata de Mariela Altamirano y Michel González tras recibir los resultados de la autopsia preliminar. Los peritajes médicos confirmaron lesiones craneales severas incompatibles con un accidente, lo que derivó en un giro determinante para la causa que conmociona al país.
En un procedimiento realizado durante la noche del domingo, las fuerzas de seguridad hicieron efectiva la detención de los principales sospechosos por la muerte de Ángel Nicolás López, el menor de 4 años fallecido en Chubut. La medida, impulsada por el fiscal Facundo Oribones y autorizada por el juzgado de turno, se fundamentó en una serie de evidencias recolectadas que apuntan a una responsabilidad compartida en el deceso del niño. Ambos imputados permanecen alojados en dependencias policiales distintas a la espera de ser indagados el próximo martes.
El informe forense preliminar resultó el eje central para el avance de la investigación. Según fuentes judiciales, el examen del cuerpo reveló traumatismos graves en la zona del cráneo, lo que desestima la versión inicial de una muerte por causas naturales o una descompensación fortuita. Para la fiscalía, estas marcas son consistentes con agresiones físicas de alta intensidad, lo que refuerza la hipótesis de un entorno doméstico marcado por la violencia extrema y el desamparo.
Por su parte, la querella que representa al padre biológico del menor, encabezada por el abogado Roberto Castillo, sostiene que el fallecimiento fue el desenlace de un proceso prolongado de maltratos. En el escrito presentado ante las autoridades, se describe una «convergencia de comportamientos» que derivaron en la tragedia, señalando no solo a los detenidos sino también a las posibles fallas institucionales que permitieron que el niño permaneciera en ese domicilio pese a las advertencias previas de la familia paterna.
El caso ha tomado una fuerte relevancia pública, acrecentada por los testimonios de vecinos que reportaron gritos y ruidos compatibles con situaciones de abuso en la vivienda de los acusados. Mientras se aguarda la audiencia de control y la lectura formal de cargos por «homicidio agravado», la comunidad de Comodoro Rivadavia permanece movilizada. El Ministerio Público Fiscal ratificó que el trabajo de recolección de pruebas continúa de forma exhaustiva para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en lo que ya se califica como un crimen atroz.
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