El incremento de precios alcanzó el 9,4% durante el primer trimestre, rozando el límite del 10,1% que el Gobierno nacional fijó por ley para todo el año. Mientras el presupuesto oficial queda al borde del incumplimiento, los analistas privados ya triplican las proyecciones iniciales y advierten sobre la ausencia de una desaceleración real.
La economía argentina enfrenta un inicio de año con indicadores que tensionan las metas oficiales aprobadas en el Congreso. Tras conocerse el dato de marzo, la suba de precios acumulada entre enero y marzo dejó al descubierto la fragilidad de las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2026. Con un margen de apenas 0,7 puntos porcentuales para el resto del calendario, la pauta inflacionaria anual parece haber quedado obsoleta antes de llegar a la mitad del ejercicio.
La brecha entre la mirada oficial y la realidad del mercado se profundizó tras el último reporte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Mientras el Poder Ejecutivo intentaba anclar las expectativas en torno al 10%, los consultores ya pronostican una cifra cercana al 29,1%. Esta diferencia sustancial sugiere que los parámetros utilizados para diseñar el gasto público y las partidas presupuestarias no coinciden con la dinámica actual de las góndolas y servicios.
El fenómeno de correcciones al alza se volvió una constante en los informes financieros de los últimos meses. A pesar de que los organismos oficiales sostuvieron pronósticos de una inminente baja en el ritmo de aumentos, las estadísticas demuestran que esa tendencia todavía no se materializó. Por el contrario, la inercia del primer trimestre triplicó lo esperado, obligando a los inversores y al sector privado a recalibrar sus planes de negocios ante un escenario de mayor volatilidad.
Este desajuste plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las metas fiscales y el futuro de las negociaciones paritarias. Si la inflación continúa a este ritmo, el Gobierno se verá forzado a renegociar acuerdos o admitir un desvío significativo respecto a lo votado en diciembre pasado. La atención se centra ahora en las medidas que tomará el equipo económico para intentar frenar una escalada que, en tan solo noventa días, consumió el aire previsto para los doce meses del año.
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