La solicitud de quiebra presentada por SanCor ante la justicia de Rafaela marca el cierre de una agonía financiera de años y el fracaso de los intentos de salvataje estatal y privado. Con una deuda que escala a los USD 120 millones y una parálisis operativa profunda, la caída del emblema de Sunchales redefine el mapa de la industria láctea argentina y pone en vilo el futuro de cientos de productores y trabajadores.
El pedido de propia quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada no representa un evento inesperado, sino la formalización jurídica de un estado de insolvencia que se tornó irreversible. Tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2023 y la imposibilidad de estructurar un fideicomiso de rescate, la empresa se presentó ante el Juzgado de Rafaela reconociendo un pasivo de USD 120 millones. Este colapso trasciende la frontera de lo contable: es el fin de un modelo de integración cooperativa que supo liderar el mercado regional. La degradación de su capacidad de procesamiento —de 4,6 millones de litros diarios en su apogeo a los escasos 700.000 actuales— expone el vaciamiento de una estructura que ya no logra cubrir sus costos fijos ni honrar sus compromisos salariales, acumulando ocho meses de haberes adeudados.
Descalce financiero y pérdida de escala
El porqué de la caída de SanCor se explica en una combinación de errores de gestión estratégica y un contexto macroeconómico que penalizó su estructura de costos. Históricamente, la cooperativa sufrió una expansión sobredimensionada en los años 90 que la dejó vulnerable ante las crisis cíclicas del consumo interno y la volatilidad del precio internacional de la leche en polvo. El desfinanciamiento crónico obligó a la empresa a vender sus activos más rentables (como la línea de postres y yogures a Vicentin/Iarsa), reduciendo su margen de maniobra. La «quiebra técnica» se venía gestando a través de acuerdos a fasón y tercerizaciones que fragmentaron la identidad productiva de la marca, convirtiéndola en una cáscara operativa sostenida por el esfuerzo de un personal que dejó de percibir ingresos regulares hace casi un año.
Las consecuencias de este pedido de quiebra afectan a múltiples estratos. Para los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, representa un desafío de paz social en localidades donde la planta es el principal motor económico. Para el sector financiero y los proveedores, la licuación de la deuda de USD 120 millones implica un golpe directo a sus balances. Sin embargo, el impacto más profundo es sobre el mercado lácteo nacional: la salida definitiva de SanCor consolida la concentración del sector en manos de pocas firmas multinacionales y grandes grupos locales, eliminando un actor que tradicionalmente regulaba el precio en origen para el pequeño productor. La judicialización extrema del conflicto laboral, con ATILRA denunciando el sostenimiento de la empresa «a costa de los trabajadores», añade una capa de complejidad que dificultará cualquier intento de transición o venta de unidades productivas.
El futuro de SanCor entra ahora en una fase de incertidumbre legal donde el síndico y el juez Marcelo Germán Gelcich deberán determinar si existe la posibilidad de una continuidad bajo un nuevo esquema o si se procederá al remate de activos por partes. La intención del gremio de transformar la quiebra en un «punto de partida» para una reorganización parece, ante la magnitud del pasivo, una expresión de deseos difícil de ejecutar sin un inversor de gran volumen. Lo que queda claro es que la marca SanCor, despojada de su estructura cooperativa original, sobrevive hoy solo como un vestigio de lo que fue el proyecto lácteo más ambicioso de la Argentina.
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