En un movimiento que busca profundizar la disciplina fiscal, el presidente Javier Milei confirmó que su gestión trabaja en un proyecto de ley para implementar en Argentina un mecanismo de «shutdown» o cierre de gobierno, inspirado en el modelo vigente en los Estados Unidos. La iniciativa, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso tras las elecciones legislativas de octubre de 2026, tiene como objetivo central evitar que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria o al endeudamiento para cubrir déficits cuando los recursos presupuestados se agotan.
¿En qué consiste el «shutdown» propuesto?
El concepto central de la propuesta es la imposición de un límite estricto al gasto estatal. Según explicó el mandatario en entrevistas recientes, la nueva normativa establecería que, una vez consumidos los fondos aprobados en la Ley de Presupuesto, la administración pública carecería de autorización legal para comprometer nuevos gastos.
«Cuando se agota el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado», sostuvo Milei, enfatizando que el cese de operaciones se mantendría hasta que el Poder Legislativo autorice una ampliación de partidas. El fin último es eliminar la discrecionalidad en la expansión del gasto y prohibir, mediante sanciones penales, que el Banco Central financie al Tesoro.
La diferencia con el sistema actual
Argentina opera bajo una lógica distinta: el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) permite que, ante la falta de aprobación de un nuevo presupuesto, el Ejecutivo prorrogue el vigente del año anterior. Esta herramienta ha evitado históricamente la parálisis del Estado, incluso en contextos de alta inflación y déficit.
La reforma que busca impulsar el oficialismo rompería con esta tradición de continuidad, transformando el presupuesto en una barrera rígida e infranqueable. Bajo este esquema, la capacidad del Jefe de Gabinete para reestructurar partidas —una facultad que permite hoy modificar hasta un 5% del total presupuestario sin aval parlamentario— se vería drásticamente restringida o eliminada en los periodos de «shutdown».
Los interrogantes sobre su implementación
El debate sobre esta iniciativa plantea interrogantes sobre la operatividad del Estado. En el modelo estadounidense, el cierre afecta mayormente a áreas «no esenciales», mientras que los servicios críticos —como seguridad nacional, salud pública, defensa y emergencias— suelen mantenerse operativos.
A pesar de que el Gobierno sostiene que las funciones críticas estarían garantizadas, sectores de la oposición y especialistas en derecho administrativo han señalado el riesgo de una parálisis en la gestión cotidiana, desde trámites básicos hasta servicios de asistencia social. El proyecto, que se desarrolla en paralelo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, busca consolidar un modelo de «caja cerrada» que, según el Gobierno, es indispensable para garantizar la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal a largo plazo.
