Múltiples intervenciones judiciales permitieron desactivar una red ilegal que fraccionaba líquido potable sin controles sanitarios en territorio provincial. Las fuerzas de seguridad allanaron fincas particulares adaptadas precariamente para el tratamiento y envasado de botellones.
Las denuncias vecinales alertaron sobre el constante vertido de insumos químicos contaminantes hacia los desagües de la vía pública. La acumulación de efluentes nocivos generó preocupación en los barrios linderos ante los posibles riesgos epidemiológicos derivados.
Los peritajes bromatológicos constataron la ausencia total de licencias comerciales y graves falencias de higiene en los recintos. Las muestras de agua fueron extraídas por especialistas para determinar su grado de potabilidad antes de su distribución.
Tres personas resultaron imputadas por infracciones severas al Código Alimentario Argentino y presuntas maniobras de estafa comercial. Las autoridades del juzgado federal interviniente dispusieron la inhabilitación inmediata de todas las maquinarias de llenado encontradas.
Durante las inspecciones se incautaron cientos de bidones plásticos, dispositivos telefónicos y documentación comercial de interés para la causa. Las medidas de prueba continuarán recopilándose para establecer el alcance real del circuito clandestino de venta.
