La gestión de Mahiques priorizará un paquete de leyes de corto alcance que aumenta las penas para salideras bancarias y delitos migratorios, antes de avanzar con el nuevo Código Penal.
El Ejecutivo nacional se prepara para debatir en ambas cámaras una serie de modificaciones al sistema punitivo. Se trata de una propuesta normativa focalizada en tipificar delitos que hoy carecen de una figura específica o cuyas escalas penales resultan insuficientes para el Gobierno, como los ataques perpetrados por «viudas negras» y las bandas que operan en motocicletas.
La llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio ha impreso un ritmo distinto a la actualización legislativa. A diferencia del extenso proyecto presentado meses atrás por Cúneo Libarona y Bullrich, esta versión se presenta como un escalón previo para no dilatar soluciones inmediatas. El texto no solo endurece el tratamiento de los robos violentos en la vía pública, sino que también introduce herramientas legales para combatir la inmigración clandestina vinculada a actividades ilícitas.
Desde el corazón del Gabinete libertario rechazaron las versiones que indicaban una supuesta flexibilización en las penas por corrupción. Por el contrario, ratificaron que el compromiso con la integridad de la función pública permanece inalterable en el borrador que se enviará al Parlamento. La intención es que este primer grupo de medidas obtenga media sanción antes del cierre de la primera mitad del año, dejando la discusión del código integral de 920 artículos para una fase posterior.
Con esta maniobra, el Gobierno busca mostrar dinamismo parlamentario y efectividad en la lucha contra el crimen organizado y los delitos de oportunidad que generan mayor preocupación en los centros urbanos.
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