El Ejecutivo autorizó un desembolso millonario para una docena de provincias en concepto de adelantos coparticipables. La medida apunta a consolidar mayorías para la sesión del próximo miércoles.
En una jugada que combina equilibrio fiscal y pragmatismo político, el Gobierno nacional dispuso el giro de 400.000 millones de pesos a diversas jurisdicciones del país. Esta decisión busca aplacar los conflictos territoriales y garantizar el acompañamiento legislativo para iniciativas que el oficialismo considera fundamentales para retomar el control de la agenda pública y mediática durante el mes de abril.
La mira está puesta en el debate parlamentario de la próxima semana, donde la Ley de Glaciares aparece como el eje de mayor controversia. A pesar de que miles de ciudadanos solicitaron exponer en las audiencias previas, en los pasillos de Balcarce 50 confían en que el respaldo de los gobernadores mineros inclinará la balanza a favor de la sanción. Argumentan que la apertura a nuevas inversiones extractivas en áreas actualmente restringidas es el motor que las provincias necesitan para mejorar sus arcas, las cuales atraviesan una situación financiera delicada en todo el territorio.
La lista de beneficiarios del auxilio económico es amplia e incluye a Chaco, Catamarca, Misiones y Chubut, entre otras. Internamente, se resalta la labor de la cartera del Interior y Economía para coordinar estos giros, que no solo sirven para ordenar las cuentas, sino también para establecer un techo a las demandas constantes de las provincias. El objetivo es claro: dejar atrás un marzo de parálisis legislativa y avanzar con el paquete de reformas antes de que el clima electoral del segundo semestre condicione las alianzas.
El éxito de esta maniobra se medirá en el recinto el miércoles 8, cuando el oficialismo ponga a prueba la solidez de sus vínculos con los mandatarios provinciales frente a las presiones de los bloques opositores.
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