El empresario inmobiliario está imputado por ataques sexuales contra al menos diez menores, compañeros de su propio hijo. Pese a la gravedad de los cargos, que incluyen corrupción de menores y producción de material explícito, la Justicia le otorgó la libertad bajo prohibición de salida del país.
En una resolución judicial de alto impacto, el empresario Marcelo Porcel fue procesado este lunes como presunto responsable de una serie de abusos ultrajantes cometidos contra alumnos de la exclusiva institución educativa Palermo Chico. La medida, que alcanza a diez víctimas identificadas, ratifica la imputación por delitos de índole sexual agravados por la condición de guarda y la edad de los damnificados. Aunque el magistrado interviniente dispuso un embargo preventivo millonario sobre sus activos y la restricción para abandonar el territorio nacional, el acusado permanecerá fuera de prisión mientras avance la instrucción de la causa.
La investigación, que conmociona al ámbito empresarial y educativo, detalla que Porcel habría aprovechado su vínculo con el entorno escolar de su hijo para captar a las víctimas. Las denuncias presentadas por las familias describen un patrón de conducta donde el imputado incitaba a los adolescentes al consumo de bebidas alcohólicas y a participar en plataformas de apuestas digitales, tanto en propiedades privadas como en oficinas comerciales. Según el expediente, estos encuentros derivaban en actos de abuso gravemente ultrajante y en la generación de contenidos prohibidos de carácter sexual infantil, delitos que concursan de manera ideal en la calificación legal establecida.
A sus 51 años, Porcel cuenta con una trayectoria reconocida en los sectores agropecuario e inmobiliario, además de pertenecer a una familia de histórico peso financiero en el país. El procesamiento subraya que los hechos habrían ocurrido aprovechando situaciones de confianza y cuidado, lo que agrava la figura penal. La defensa del empresario, encabezada por Roberto Rallin, deberá enfrentar ahora una etapa probatoria crítica, mientras las querellas insisten en la peligrosidad de que el procesado transite el proceso en libertad dada la naturaleza sistémica de los episodios relatados por los menores.
Con esta resolución, la causa entra en una instancia definitoria donde los peritajes psicológicos y los testimonios en cámara Gesell resultarán determinantes para elevar el expediente a juicio oral y público.
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