Isabel Molina y Victoria Cancio, madre e hija vinculadas a las fuerzas de seguridad, se presentaron ante la justicia para explicar el origen de los 100 mil dólares otorgados al actual jefe de Gabinete. El magistrado Ariel Lijo busca determinar la transparencia de la hipoteca establecida sobre una propiedad del funcionario en el barrio de Parque Chacabuco.
El expediente que investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni sumó este lunes testimonios clave en los tribunales federales de Retiro. Graciela Isabel Molina, suboficial retirada de la policía, y su hija Victoria María José Cancio, actualmente en actividad, ingresaron a la sede judicial bajo juramento de decir verdad. Ambas figuran en los registros como las acreedoras que financiaron la compra de un inmueble sobre la Avenida Asamblea, operación que hoy se encuentra bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita por presuntas irregularidades en el financiamiento.
De acuerdo a la documentación que integra la causa, Molina habría facilitado la suma de 85 mil dólares, mientras que Cancio completó el crédito con los 15 mil restantes. El préstamo privado fue garantizado mediante una hipoteca sobre el departamento del jefe de Gabinete, una maniobra que despertó sospechas sobre la capacidad económica de las prestamistas para movilizar tales montos en moneda extranjera. La comparecencia de las mujeres tiene como objetivo principal que aporten documentación respaldatoria y justifiquen la trazabilidad de los fondos empleados en la transacción inmobiliaria.
La investigación avanza en un contexto de estricto hermetismo judicial. Al arribar a Comodoro Py, ninguna de las dos testigos accedió a realizar declaraciones ante la prensa, manteniendo el perfil bajo que ha caracterizado su rol en el expediente hasta el momento. La fiscalía intenta desentrañar si el vínculo entre las uniformadas y el funcionario nacional trasciende lo estrictamente financiero o si existen elementos que sugieran una inconsistencia entre los ingresos declarados por las mujeres y el capital cedido a Adorni para su inversión habitacional.
Con estas declaraciones, el juez Lijo pretende cerrar el círculo sobre una de las inconsistencias más señaladas en las declaraciones juradas del titular de ministros. El desenlace de esta jornada testimonial será determinante para definir si la causa por enriquecimiento ilícito adquiere mayor volumen probatorio o si, por el contrario, los argumentos de las prestamistas logran disipar las dudas sobre el origen del dinero. Mientras tanto, el entorno del jefe de Gabinete sigue de cerca el trámite judicial, que representa el frente legal más complejo para el funcionario en lo que va de su gestión.
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