El organismo oficial de estadísticas reveló un deterioro significativo en las condiciones socioeconómicas durante los primeros seis meses del año. La medición oficial de la pobreza interrumpió la racha descendente que mantenía desde el año pasado, alcanzando a 15,4 millones de personas tras el impacto directo de la aceleración inflacionaria sobre los hogares.
Por su parte, la indigencia ascendió al 7,5% mientras que el flagelo en la franja infantil escaló hasta tocar un preocupante 44,5%. Las estimaciones socioeconómicas territoriales muestran picos críticos en ciudades como Concordia con un 56,2% y Gran Resistencia alcanzando el 48,6%, superando ampliamente los registros promedio del resto de las provincias.
Desde el Poder Ejecutivo atribuyeron el aumento del índice a un fenómeno de carácter estrictamente temporal derivado de tensiones cambiarias pasadas. Los voceros económicos oficiales reiteraron que el sostenimiento del superávit fiscal y el proceso de desinflación permitirán revertir la tendencia negativa observada durante las evaluaciones del último trimestre.
En contraste, analistas privados advirtieron sobre el estancamiento del poder adquisitivo y el escaso dinamismo del mercado laboral formal registrado. Las consultoras financieras privadas remarcaron que la persistencia de un núcleo duro de vulnerabilidad requiere no solo controlar los precios sino también generar puestos de trabajo genuinos y de calidad.
Pese a la suba semestral, la cifra actual se mantiene por debajo del 52,9% registrado en igual período del año anterior. Las medidas de contención social como la Asignación Universal por Hijo resultaron fundamentales para evitar que los sectores más desprotegidos caigan masivamente por debajo de la línea de indigencia.
