La Cámara alta dio luz verde a la iniciativa legislativa que establece un esquema de transición hasta 2036 para la industria de los biocombustibles. El texto pretende incentivar nuevas inversiones en el sector energético nacional, elevando las cuotas de corte obligatorio en naftas y gasoil tras una votación fragmentada entre las distintas provincias.
La normativa establece un corte inicial del 7,5% para el biodiesel y del 12% para el bioetanol, porcentajes que escalarán progresivamente durante el primer año de aplicación. El mecanismo busca ordenar las subastas públicas mediante plataformas electrónicas independientes para fijar valores transparentes de referencia en el mercado interno.
A pesar de las modificaciones introducidas para resguardar a las pymes, el debate parlamentario generó fuertes cuestionamientos de senadores de La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Las bancadas denunciaron una eventual concentración de la producción en favor de los conglomerados agroexportadores radicados en la zona núcleo santafesina y cordobesa.
Para atenuar el impacto regional, se fijaron límites antimonopolio que impiden a un mismo grupo económico adjudicarse más del 10% del volumen comercializado por año. Asimismo, las reformas incorporan excepciones impositivas específicas al componente renovable de las mezclas para promover una transición ambientalmente sostenible.
El proyecto de ley continuará su trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, donde las provincias buscarán redefinir las pautas de competencia y distribución. Las negociaciones definirán la estructura operativa de un mercado estratégico para el desarrollo agroindustrial e hidrocarburífero de toda la Argentina.
