El Gobierno busca sostener la desinflación mensual del 3% mediante el aplazamiento de los ajustes fiscales en el sector energético.
Con el objetivo de no convalidar nuevos saltos en los surtidores durante abril, la administración central postergó para el próximo mes el aumento de los gravámenes a la energía. La resolución busca equilibrar las cuentas públicas sin descuidar el impacto social que genera el costo del transporte y los servicios.
Los datos oficiales reflejan que los impuestos al combustible representan una parte sustancial de los ingresos estatales, superando los $870.000 millones en lo que va del año. Por esta razón, el Gobierno utiliza el diferimiento como una herramienta de sintonía fina: evita el shock inflacionario pero mantiene la estructura tributaria intacta para asegurar el equilibrio financiero. La presión externa es el principal factor de riesgo, dado que los valores internacionales han forzado subas locales del 18% en el último mes. Como contrapartida técnica, la Secretaría de Energía habilitó a las petroleras a elevar el corte de biocombustibles hasta un 15%, una medida que permite reducir costos operativos sin comprometer la performance de los motores.
De esta manera, el esquema económico intenta navegar la crisis energética global protegiendo el superávit como garantía de estabilidad monetaria a largo plazo.
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