La reciente decisión judicial que frenó la aplicación del fuero penal juvenil generó fuertes cuestionamientos en el ámbito nacional. Múltiples analistas del sector político manifestaron que la medida cautelar interrumpe la vigencia de una ley dictada por el Congreso para todo el territorio bonaerense.
El expresidente Mauricio Macri fustigó el fallo firmado en Lomas de Zamora al considerar que altera el equilibrio de poderes. Diversos expertos del área constitucionalista coincidieron en que los tribunales no pueden ejercer revisiones preventivas ni abstractas sobre la legislación emitida por el Poder Legislativo.
En paralelo, la Fiscalía Departamental formalizó la apelación correspondiente buscando revocar el freno dictado de forma preventiva. Varios operadores del plano judicial argumentaron que la resolución carece de hechos concretos de arbitrariedad policial sobre adolescentes para justificar un hábeas corpus colectivo.
La controversia plantea un serio dilema institucional entre los límites de la revisión magistrada y la potestad parlamentaria. Múltiples agentes del fuero penal advierten que impedir la norma en la jurisdicción bonaerense afecta la aplicación uniforme de las leyes en el país.
El trámite del recurso queda ahora en manos de la Cámara de Garantías para dirimir la controversia penal. Distintos referentes del plano institucional siguen con atención la resolución de este conflicto jurisdiccional entre poderes.
