Un millonario crédito de cincuenta y dos mil seiscientos millones de pesos desató un feroz conflicto interno en el Banco Nación. La entidad intentó otorgar los fondos a una empresa recientemente constituida que carece de ingresos declarados y obras previas en su haber.
La firma beneficiaria pertenece a un empresario envuelto en el escándalo global de corrupción FIFAgate. La Casa Central impulsó la asistencia crediticia para edificar dos torres residenciales en la ciudad de Mar del Plata, ignorando evidentes inconsistencias en los balances presentados.
El gerente zonal rehusó estampar su firma en el trámite por considerarlo irregular. A los pocos días de su postura firme, las autoridades nacionales notificaron un intempestivo traslado laboral del funcionario a más de mil trescientos kilómetros de su residencia habitual.
El empleado bancario acudió a los tribunales denunciando una maniobra de represalia directa. La Justicia federal otorgó una medida cautelar que frena el desplazamiento administrativo tras advertir fallas graves en la justificación de la decisión institucional.
La entidad bancaria terminó cancelando el préstamo alegando razones de riesgo reputacional. Sin embargo, los representantes legales insisten en defender la sanción aplicada al agente alegando que ambos expedientes transitaron por vías totalmente independientes.
