El país caribeño atraviesa un complejo escenario económico que impide cubrir la demanda interna de consumo básico. La crisis del sector agrario obliga a las autoridades insulares a destinar cuantiosas divisas para abastecer a la población.
Las fallas estructurales del sistema productivo se tradujeron en drásticas caídas de la producción de carnes, granos y lácteos. Diversos analistas de la economía advierten que la falta de insumos, maquinarias y combustibles frena el desarrollo de las parcelas rurales.
El histórico énfasis en el monocultivo azucarero y los rígidos esquemas de acopio estatal limitan la autonomía de los cultivadores. Múltiples expertos del área rural sostienen que las cuotas obligatorias y los topes de precios desincentivan la inversión en las cosechas.
A pesar de contar con amplias extensiones de tierra fértil y acceso marítimo, la pesca y la ganadería muestran niveles mínimos de actividad. Distintos estudios del organismo internacional señalan que la dieta cotidiana perdió calidad nutricional por la constante escasez.
Las recientes reformas anunciadas para flexibilizar el usufructo de terrenos buscan atraer inversiones que reactiven el aparato productivo nacional. Las autoridades del gobierno insular intentan dinamizar el mercado interno para reducir paulatinamente la compra de insumos a proveedores extranjeros.
