La reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que rechaza la recusación contra el juez Alberto Recondo, constituye un hito procesal que devuelve el expediente por la contaminación del Río de la Plata a su magistrado de origen. Este movimiento judicial ocurre en un clima de alta fricción entre el Poder Judicial y el Ejecutivo bonaerense, tras el fallido intento de la Fiscalía de Estado por apartar al juez bajo argumentos de parcialidad. El retorno de la causa a manos de Recondo, luego de un breve subrogado de Alejo Ramos Padilla, no solo normaliza el trámite de la querella iniciada en 2020, sino que revalida una línea de intervención que ya ha explorado medidas de presión financiera —como el embargo billonario posteriormente revocado— para forzar una respuesta estatal ante el vertido de efluentes cloacales crudos.
El conflicto encuentra sus raíces en una infraestructura hídrica colapsada que data de décadas, pero que ha escalado en los últimos meses debido a la admisión explícita de Aguas de Buenos Aires S.A. (ABSA) sobre la ineficacia de sus plantas actuales. El reconocimiento de la empresa de que el tratamiento de líquidos cloacales de la región capital no alcanza siquiera una efectividad del 5% coloca a la administración provincial en una posición de vulnerabilidad jurídica. Este escenario se inserta en una disputa política mayor, donde la Provincia de Buenos Aires vincula la falta de obras de saneamiento —presupuestadas en 270 millones de dólares— a la ausencia de avales por parte del Gobierno Nacional para acceder a crédito internacional, configurando un callejón sin salida administrativo que afecta a más de un millón de personas.
El riesgo sanitario y la evidencia técnica
La configuración del daño ambiental posee una solidez fáctica que la propia Cámara Federal ha considerado «prima facie acreditada». Los informes del Conicet y de organizaciones civiles integrados en la causa describen un escenario de vertido directo en las playas de Berisso, debido al colapso de los emisarios subfluviales que originalmente debían internar los residuos mar adentro. La presencia de materia fecal en zonas linderas a los puntos de toma de agua para consumo urbano no solo representa un incumplimiento de las leyes provinciales 5965 y 11.723, sino que establece un riesgo sanitario inminente que trasciende la discusión presupuestaria para situarse en la órbita de los derechos fundamentales.
La inacción denunciada por la querella, representada por el Consultorio Jurídico de la UNLP, expone la brecha entre los proyectos técnicos presentados y la ejecución real. Mientras ABSA baraja alternativas que van desde plantas de tratamiento primario avanzado hasta sistemas biológicos complejos, la realidad en la costa de Bagliardi y Palo Blanco sigue siendo la de un vertido sin tratamiento adecuado. Este estancamiento operativo es el que impulsó las medidas cautelares de Recondo, cuya ratificación por parte del tribunal de alzada sugiere que la justicia mantendrá una postura de vigilancia activa sobre el cronograma de inversiones de la prestataria estatal.
Consecuencias estructurales y el factor financiero
El impacto de esta disputa judicial afecta de manera directa a la gobernabilidad de los recursos hídricos y a la planificación de infraestructura a mediano plazo. La obligación de citar a una audiencia de conciliación para establecer un plan de saneamiento coloca al Ministerio de Infraestructura provincial bajo un control de legalidad que limita su discrecionalidad en la asignación de partidas. En un contexto de restricción fiscal, la judicialización de la cuenca del Arroyo El Gato y el Río Santiago funciona como un recordatorio de que los pasivos ambientales pueden convertirse en pasivos financieros ineludibles, especialmente cuando la inacción estatal deja de ser objeto de discusión para convertirse en un hecho probado.
La resolución de la Cámara Federal, al ordenar a Recondo avanzar con el plan de saneamiento, marca una hoja de ruta donde la viabilidad de las soluciones técnicas quedará atada a la capacidad política de destrabar el financiamiento externo. La inmutabilidad de la crisis hídrica regional ha convertido al Río de la Plata en un laboratorio del conflicto federal por los recursos, donde los ciudadanos de la región capital son los principales damnificados por un sistema cloacal que ha operado al margen de los presupuestos mínimos ambientales durante el último lustro.
En definitiva, la ratificación de Alberto Recondo asegura la continuidad de una mirada rigurosa sobre el pasivo ambiental bonaerense, obligando al Estado a salir de la retórica de los proyectos para ingresar en la ejecución de obras. El desenlace de esta causa definirá si el sistema judicial es capaz de imponer una agenda de protección hídrica por sobre las contingencias de la macroeconomía y las disputas jurisdiccionales. De no mediar una respuesta estructural, la contaminación del Río de la Plata seguirá funcionando como un exponente de la degradación institucional que acompaña a la infraestructura básica en los grandes centros urbanos del país.
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