La Casa Rosada acelera las conversaciones con gobernadores, radicales y el PRO para reunir los votos que necesita para modificar el sistema electoral. La eliminación o suspensión de las PASO aparece como uno de los principales puntos de discusión, mientras también se debate la publicidad electoral y la implementación de la Boleta Única de Papel.
Al Gobierno le quedan 72 días hasta el final del período ordinario del Congreso para intentar destrabar la reforma electoral y definir qué sucederá con las PASO de cara a las elecciones de 2027.
“Se complica la reelección”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial al referirse a la posibilidad de que el oficialismo no consiga eliminar las elecciones primarias. Sin embargo, dentro del espacio libertario consideran que ese escenario todavía puede evitarse y analizan distintas alternativas para desarticular las PASO mientras avanza el calendario legislativo.
Aunque el oficialismo podría convocar a sesiones extraordinarias para tratar la reforma, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre la necesidad de instrumentar las modificaciones antes de los comicios de 2027.
En La Libertad Avanza consideran que esa advertencia es “innecesaria” debido al trabajo que realiza la Casa Rosada para conseguir la aprobación del proyecto, cuyo contenido facilitaría los planes electorales del oficialismo.
Incluso, algunas fuentes sostienen que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, rechazaron la propuesta de varios gobernadores aliados que plantearon postergar hasta febrero del próximo año el tratamiento de la suspensión de las PASO.
“La eliminación o suspensión es condición fundamental de la reforma”, sostuvo un integrante de la mesa política, quien reconoció que la suspensión aparece como una de las alternativas que podría reunir respaldo entre los aliados.
En esa misma línea, otra fuente del espacio señaló que existen dos prioridades centrales dentro del proyecto: eliminar las elecciones primarias y terminar con los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios de comunicación audiovisual destinados a las alianzas políticas.
Las alternativas que analiza el Gobierno
Después de la primera aproximación de apoyos que surgió durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la Casa Rosada comenzaron a evaluar distintas opciones para intentar destrabar la discusión.
“No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, reconoció un funcionario.
Mientras tanto, los representantes del Ejecutivo profundizaron los contactos con el radicalismo, el PRO y los gobernadores, especialmente con los mandatarios del Norte, que fueron quienes expresaron mayores reparos frente a la iniciativa.
Entre las alternativas que aparecen sobre la mesa se encuentra una inhabilitación temporal por única vez, como ocurrió en 2025, o la eliminación de la obligatoriedad de las elecciones primarias.
“La PAS no nos cuadra mal. Si no son obligatorias, ¿cuánta gente va a ir a votar? ¿Con cuánta legitimidad saldrá el candidato del peronismo?”, planteó una fuente vinculada a las negociaciones.
Otra posibilidad es mantener una primaria con nuevas reglas. “Mandamos el proyecto de eliminación, porque es más económica y operativa, pero si no quieren, se puede pensar una PAS con reglas del juego claras. No podés habilitar todo el sistema para que no compita nadie”, explicó un integrante del reducido círculo designado por Milei.
En ese sector también advierten sobre las dificultades que podría generar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) durante las elecciones primarias.
El impacto que el oficialismo atribuye a las PASO
Dentro de la administración libertaria reconocen que, si finalmente no consiguen eliminar o suspender las primarias, deberán intensificar el trabajo político y electoral de cara a 2027.
Además, consideran que la permanencia de las PASO podría darle al peronismo una herramienta para ordenar su interna.
“Va a salir, pero ante un eventual escenario con PASO, vamos a estar en una posición de ultra rigidez. Es a todo o nada porque le permite al peronismo ordenarse y funciona como una especie de encuesta, donde además mostraríamos las cartas”, explicó un dirigente libertario.
Entre quienes mantienen expectativas de conseguir los votos necesarios para sancionar la reforma antes de fin de año, identifican una división entre los gobernadores aliados.
Por un lado, aparecen los mandatarios que aseguran que respaldarán al Ejecutivo en la iniciativa, entre ellos el gobernador chaqueño Leandro Zdero.
Del otro lado se encuentran quienes reclaman una garantía previa antes de acompañar la reforma, posición que dentro de las negociaciones se atribuye al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
En La Libertad Avanza reconocen ambas posturas y describen la situación como un dilema similar al del huevo y la gallina.
“Nadie va a abandonar una herramienta clave. No hay proyecto si no hay acuerdo político confiable y estable. Ellos quieren acordar y después respaldar la reforma y nosotros proponemos que apoyen y después acordamos”, explicó una fuente legislativa.
Gobernadores y el escenario electoral de Milei
En medio de la negociación con los gobernadores, algunas voces consideran que el escenario electoral alrededor de la figura de Milei podría terminar influyendo en la resolución de la discusión.
Según esa interpretación, si existieran garantías sobre una eventual reelección, los mandatarios provinciales acompañarían la reforma. Si esas condiciones no estuvieran dadas, el Ejecutivo debería resignar esa posibilidad dentro de la negociación.
Durante los últimos días, Santilli activó conversaciones simultáneas por el Presupuesto 2027 y por la reforma electoral, que además contempla una discusión sobre el sistema de financiamiento de los partidos políticos y el tratamiento de Ficha Limpia.
A ese escenario se sumó la polémica por el recorte en discapacidad contemplado en el proyecto de Presupuesto, que complicó las negociaciones.
Las diferencias dentro del oficialismo por discapacidad
La senadora Patricia Bullrich expresó su malestar por la situación y llegó a poner en duda su participación en el próximo encuentro de la mesa política, ámbito en el que, según la información publicada, no se había anticipado el detalle del proyecto.
Tampoco estaba al tanto del tema el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque evitó trasladar la diferencia al plano público.
La posición de Bullrich adquirió relevancia incluso entre sectores opositores que consideran posible una proyección electoral de la legisladora y no descartan una eventual competencia interna si finalmente se mantienen las PASO.
El capítulo relacionado con los cambios en discapacidad también generó críticas dentro del oficialismo. Algunas voces consideraron que la incorporación de fuertes ajustes, sin coordinación con el trabajo que el propio oficialismo llevaba adelante para elaborar una propuesta diferente, fue un desacierto que podría tener consecuencias sobre el esquema legislativo.
“Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, en vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica. No es lo que se estaba discutiendo”, planteó Bullrich.
Otra fuente consultada por Infobae cuestionó la intervención de Luis y Santiago Caputo, a quienes atribuyó responsabilidad en la estrategia, por considerar que podrían haber informado al conjunto del Gabinete sobre los detalles de la iniciativa presupuestaria.
“Volvemos a repetir los mismos errores que el año pasado, con un tema que es completamente sensible. Bessent debe creer que somos unos estúpidos”, ironizó esa fuente.
Sin embargo, integrantes del reducido círculo oficialista rechazaron la versión de que los cambios no hubieran sido informados durante la reunión del martes y aseguraron que todos conocían los detalles.
También señalaron que el proyecto alternativo elaborado por el oficialismo no incluía la directiva del Ejecutivo.
“Se habla del Presupuesto desde hace un año. Se acordó que en el Congreso se trabaje en la propuesta y que el Presidente iba a mandar su versión”, explicaron ante el medio.
El oficialismo busca avanzar con la reforma
Pese a las diferencias y dificultades que atraviesan las negociaciones, desde el sector cercano a Karina Milei consideran que existen consensos suficientes para avanzar con los cambios al sistema electoral, aunque reconocen que todavía quedan algunos aspectos por ordenar.
Dentro de ese espacio sostienen que, además de dificultar el armado electoral del peronismo, las PASO adelantarían los tiempos de la competencia política hacia comienzos del próximo año.
“En marzo estaríamos todos de campaña y es un año de gestión perdido”, justificaron desde el armado político.
La discusión se produce mientras dentro de La Libertad Avanza ya comenzó a instalarse el debate sobre la reelección de Javier Milei.
Según la información publicada, la propia Karina Milei participó días atrás de cánticos a favor de un nuevo mandato de su hermano junto a la militancia, después de que el Presidente comenzara a hablar públicamente de una eventual reelección a principios de julio, durante un acto en Misiones.
72 días para definir la reforma electoral
Con el período ordinario del Congreso acercándose a su final, el oficialismo tiene por delante 72 días para ordenar las conversaciones con sus aliados, reunir los votos necesarios y resolver qué ocurrirá con las PASO.
La posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias aparece como una alternativa si el debate no queda resuelto durante el período ordinario, mientras la Cámara Nacional Electoral ya planteó la necesidad de que los cambios sean instrumentados antes de las elecciones de 2027.
La discusión excede así la continuidad o no de las elecciones primarias. También involucra la publicidad electoral, el financiamiento de los partidos políticos, la aplicación de la Boleta Única de Papel y el escenario que cada espacio político deberá afrontar rumbo a 2027.
En ese contexto, cada concesión dentro de las negociaciones implica una nueva condición para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno, los gobernadores y sus aliados legislativos. El resultado de esas conversaciones definirá las reglas electorales con las que deberán trabajar los distintos sectores políticos de cara al próximo proceso electoral.
