El fallecimiento de un médico por sobredosis de propofol y fentanilo dejó al descubierto el desvío ilegal de fármacos controlados. La Justicia unificó las causas que involucran a importantes hospitales de la Ciudad bajo la lupa de un circuito clandestino de medicamentos.
El hallazgo sin vida de un anestesiólogo que cumplía funciones en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez encendió las alarmas sobre el control de sustancias críticas en el ámbito hospitalario porteño. La víctima, identificada como Alejandro Zalazar, fue encontrada en su vivienda junto a diversos elementos de uso médico y potentes anestésicos. Los peritajes toxicológicos confirmaron que el deceso se produjo por la ingesta de sustancias de uso intravenoso restringido, lo que dio inicio a una investigación profunda sobre la procedencia de los insumos hallados en la escena.
A través del seguimiento de la trazabilidad de los medicamentos, los investigadores determinaron que el material incautado pertenecía originalmente al Hospital Italiano. Este hallazgo fue el detonante para que la Justicia decidiera fusionar los expedientes en curso. La unificación de la causa busca reconstruir de manera integral la ruta que seguían estos fármacos desde los depósitos hospitalarios hasta su destino final fuera de los protocolos sanitarios. El proceso, que ahora centraliza el juez Javier Sánchez Sarmiento, apunta a desbaratar una estructura dedicada a la sustracción y traslado de químicos peligrosos.
En el marco de las averiguaciones internas de la institución damnificada, dos profesionales del área de anestesiología quedaron bajo la lupa judicial. Se trata del médico Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse, quienes enfrentan imputaciones por su presunto vínculo con la desaparición de las sustancias. Tras conocerse las sospechas y el inicio del sumario administrativo, Boveri presentó su dimisión al cargo. La investigación intenta establecer si existía una operatoria sistemática para burlar los controles de seguridad y facilitar el acceso a drogas que requieren una supervisión médica estricta para su administración.
La gravedad del caso reside no solo en el robo de insumos públicos y privados, sino en el riesgo sanitario que implica la circulación de estos componentes fuera del entorno quirúrgico. Las autoridades judiciales y los organismos que agrupan a los anestesistas trabajan de manera coordinada para evitar que se repitan este tipo de filtraciones. La causa busca determinar si el material sustraído estaba destinado únicamente al consumo personal del fallecido o si formaba parte de un mercado ilícito de fármacos utilizados en contextos recreativos o fiestas privadas.
Actualmente, el expediente se concentra en los testimonios de colegas y en el análisis de las cámaras de seguridad para detectar los movimientos irregulares del personal involucrado. La resolución de este caso marcará un precedente en cuanto a los protocolos de custodia de drogas de alta peligrosidad en los centros de salud más prestigiosos de Buenos Aires.
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