Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Seguridad incorporó sistemas de reconocimiento facial, herramientas de inteligencia de fuentes abiertas y drones por al menos US$1,2 millones. Amnistía Internacional cuestionó la falta de información pública sobre los controles y las garantías para proteger los derechos humanos.
El Gobierno de Javier Milei destinó al menos US$1,2 millones a tecnologías de vigilancia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, de acuerdo con un relevamiento realizado por Amnistía Internacional sobre las compras efectuadas por el Ministerio de Seguridad.
Entre las adquisiciones aparecen sistemas de reconocimiento facial, plataformas destinadas a recopilar y analizar información disponible en internet y drones para tareas vinculadas con la seguridad.
Amnistía Internacional cuestionó que estas inversiones se hayan concretado sin suficiente información pública sobre los mecanismos de supervisión, las evaluaciones de impacto y las garantías previstas para resguardar los derechos humanos.
El relevamiento tomó como referencia las compras publicadas en el portal oficial Comprar y se concentró en las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Seguridad durante ese período.
Según el informe, las operaciones se concretaron mientras el Gobierno avanzaba, mediante decretos y resoluciones, con modificaciones en las funciones de las fuerzas de seguridad y con mayores restricciones relacionadas con el acceso a la información pública.
Reconocimiento facial: la compra de una licencia de Clearview AI
Entre las adquisiciones identificadas aparece una licencia de reconocimiento facial de Clearview AI, comprada en octubre de 2025 mediante contratación directa por US$33.500.
La herramienta fue incorporada para colaborar con investigaciones dentro del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito. Su función es permitir la identificación de personas a partir de fotografías.
Clearview AI desarrolla una plataforma de reconocimiento facial que utiliza imágenes obtenidas de fuentes públicas de internet. La empresa asegura disponer de una base de datos con más de 70.000 millones de imágenes faciales, provenientes de sitios web, medios de comunicación, redes sociales públicas y otras fuentes abiertas.
La tecnología ya había sido incorporada por organismos de la Ciudad de Buenos Aires y fue cuestionada por autoridades encargadas de la protección de datos en distintos países. En algunos casos, la compañía recibió sanciones por el uso masivo de información personal.
En Argentina, todavía no existe información suficiente para establecer de qué manera se está utilizando la herramienta adquirida por el Gobierno nacional. Amnistía Internacional señaló que los pedidos de acceso a la información presentados por la organización no obtuvieron respuestas específicas sobre este aspecto.
Maltego y la búsqueda de información en internet
El informe también identificó la contratación de una licencia de Maltego, una plataforma de investigación basada en Inteligencia de Fuentes Abiertas, conocida como OSINT.
La adquisición se realizó mediante contratación directa y tuvo un costo aproximado de US$239.000.
La plataforma permite recopilar, relacionar y representar grandes volúmenes de información proveniente de fuentes abiertas, entre ellas redes sociales, sitios web y otros espacios disponibles en internet. También puede trabajar con información de contacto y datos personales.
El sistema incorpora además herramientas de monitoreo en tiempo real mediante inteligencia artificial, análisis de vínculos, elaboración de perfiles y gestión de evidencias.
Para Amnistía Internacional, estas capacidades generan interrogantes respecto de la posibilidad de realizar tareas de vigilancia sin una orden judicial y sin informar a las personas involucradas.
A esta adquisición se sumó la contratación de servicios de información crediticia de Nosis, por aproximadamente US$17.000. La empresa recopila y procesa información crediticia, comercial y patrimonial de personas y compañías.
Casi US$1 millón destinados a drones
El relevamiento también detectó adquisiciones destinadas a ampliar las capacidades de vigilancia aérea.
En agosto de 2024, el Ministerio de Seguridad compró 69 drones por aproximadamente US$551.000. Además, incorporó estaciones terrestres para operar los equipos por unos US$391.000.
En conjunto, las compras de drones y los recursos asociados representaron cerca de US$1 millón.
La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había presentado públicamente los equipos y aseguró que no contaban con reconocimiento facial y que serían destinados a investigaciones criminales, sin vinculación con manifestaciones.
Sin embargo, Amnistía Internacional indicó que encontró evidencia sobre el uso de drones para vigilar protestas en al menos dos oportunidades.
Una de esas evidencias surge de un video publicado en 2026 por la Policía Federal Argentina. Allí, un agente explica que los dispositivos permiten realizar registros con capacidad de zoom y menciona el posterior procesamiento de las imágenes y el reconocimiento facial para identificar personas.
La organización también cuestionó la falta de información respecto del tratamiento que reciben las imágenes obtenidas mediante estos dispositivos: cómo son procesadas, dónde se almacenan y durante cuánto tiempo permanecen archivadas.
Los cambios normativos que acompañaron las compras
La incorporación de estas tecnologías se produjo en paralelo a distintas modificaciones normativas relacionadas con las tareas de inteligencia y seguridad.
De acuerdo con informes de organizaciones especializadas en protección de datos, durante 2024 y 2025 se ampliaron las posibilidades de vigilancia y aumentó el intercambio de información entre organismos estatales.
Entre los cambios mencionados aparece el DNU 941/25, que modificó la Ley de Inteligencia y estableció mecanismos para que distintos organismos públicos y gobiernos jurisdiccionales compartan bases de datos con la SIDE.
También se modificó el estatuto de la Policía Federal para habilitar tareas de ciberpatrullaje en espacios públicos digitales, entre ellos redes sociales abiertas y sitios web, sin necesidad de una autorización judicial previa.
A esto se agregó un protocolo para el trabajo de agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales dentro de investigaciones penales.
El Gobierno también creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), que tiene entre sus funciones el monitoreo de redes sociales abiertas y sitios de internet.
Entre sus atribuciones se encuentra el análisis en tiempo real de imágenes provenientes de cámaras de seguridad para detectar actividades consideradas sospechosas o identificar personas buscadas mediante sistemas de reconocimiento facial.
El debate por los mecanismos de control
La expansión de estas tecnologías abrió una discusión sobre el equilibrio entre las herramientas destinadas a prevenir delitos y la protección de los derechos individuales.
Amnistía Internacional puso el foco especialmente en la falta de información pública sobre los mecanismos de supervisión y las garantías que acompañan el uso de estas herramientas.
Por su parte, la Fundación Vía Libre sostuvo que la utilización de tecnología y el cruce de bases de datos estatales no representan por sí mismos un problema, siempre que existan bases legales claras, evaluaciones de impacto, auditorías independientes, revisión humana y garantías para el tratamiento de los datos.
El informe señala además que varias de estas modificaciones se implementaron sin pasar por el Congreso, mediante decretos y resoluciones.
En este escenario, el crecimiento de las capacidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad durante la gestión de Milei mantiene abierto el debate sobre los límites de la vigilancia estatal y los controles necesarios para evitar posibles abusos.
Mientras el Gobierno suma herramientas destinadas a investigar y prevenir delitos, las organizaciones especializadas reclaman mayor transparencia sobre el funcionamiento de esos sistemas y sobre el destino de la información recopilada.
