La inestabilidad en los ingresos familiares generó un incremento sin precedentes en las tasas de incumplimiento crediticio a nivel nacional. Las mediciones privadas señalan que unos 5,8 millones de ciudadanos presentan retrasos en sus pagos cotidianos, abarcando incluso consumos de montos mínimos con plásticos bancarios.
El fenómeno de la irregularidad afecta de manera directa a los segmentos más vulnerables que recurren a financiamiento alternativo por fuera del sistema bancario tradicional. Las estadísticas de las consultoras advierten que la mora en ese sector no regulado supera el 50% de los usuarios.
El análisis socioeconómico detalla que casi el 40% de los jóvenes de entre 18 y 29 años que lograron acceder al mercado formal se encuentra actualmente en mora, un escenario directamente ligado al retroceso del salario real disponible en los últimos años del ciclo macroeconómico. La fuerte suba de las tasas de interés reales provocó que la carga de los servicios de la deuda pasara de representar el 8,7% de la masa salarial registrada al 25% actual, profundizando el deterioro en la cadena de pagos y limitando las posibilidades de financiamiento de las pequeñas pymes familiares.
Las propuestas de refinanciación vigentes en el mercado local, que contemplan la extensión de plazos habituales y modificaciones en los cargos fijos, resultan insuficientes para revertir el panorama sin una recuperación laboral concreta. Los economistas del sector afirman que la problemática geográfica impacta con mayor fuerza en las provincias del norte del país, donde la tasa promedio supera el 30% del padrón.
