La Auditoría General de la Nación (AGN) ha emitido un severo informe que pone bajo la lupa la gestión del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, en relación con la ejecución de un préstamo internacional por 500 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial. El documento, aprobado por el pleno de la Auditoría, denuncia una alarmante ausencia de controles internos y documentación respaldatoria en un desembolso inicial de 200 millones de dólares destinado a la sostenibilidad del sector eléctrico.
Documentación ausente y falta de controles
El informe, que abarca el «Proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible», expone que, al momento de la auditoría, la Secretaría de Energía no contaba con los manuales operativos obligatorios exigidos por el contrato de préstamo internacional. Entre los faltantes críticos, la AGN destacó:
- Ausencia de Manuales Operativos: El programa carece de los protocolos de ejecución aprobados.
- Planificación deficiente: Inexistencia de Planes Operativos Anuales (POA) y planes de adquisiciones validados.
- Falta de transparencia bancaria: Ausencia de documentación sobre las cuentas donde se gestionaron los fondos.
La observación más grave recae sobre la justificación de los 200 millones de dólares transferidos por el BIRF en diciembre de 2024. La AGN determinó que no existen los criterios documentados que sustenten dicho desembolso, ni información verificable que respalde cómo se asignaron los subsidios a la categoría de usuarios residenciales de menores ingresos (N2).
Fallas en el Registro de Acceso a los Subsidios (RASE)
El informe también cuestiona la operatividad del RASE, herramienta fundamental para la segmentación tarifaria. Los auditores detectaron una desconexión crítica entre las direcciones técnicas encargadas de administrar el sistema y la inexistencia de un entorno de desarrollo seguro para el mantenimiento informático.
Más preocupante aún para el usuario final es la conclusión de la AGN sobre el control de las distribuidoras (EDENOR y EDESUR): el Estado no cuenta con mecanismos para comprobar que el subsidio efectivamente llegue a la factura de los ciudadanos. La cartera de Economía se limitó a responder que los procesos estaban «en ajuste» y que la información era responsabilidad de las empresas, una respuesta que la Auditoría consideró insuficiente, manteniendo la firme recomendación de reformular los controles internos.
Un préstamo bajo la lupa
El préstamo total asciende a 500 millones de dólares, de los cuales ya se ha ejecutado un 41%. La auditoría, realizada entre abril y julio de 2025 sobre el cierre del ejercicio 2024, arroja dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para administrar recursos internacionales bajo estándares de transparencia técnica.
Este nuevo cuestionamiento de la AGN se suma al clima de tensión política, mientras la gestión de Caputo intenta avanzar con su política de ajuste fiscal y focalización de subsidios, bajo la presión de organismos internacionales que exigen rendiciones de cuentas claras sobre el destino de los fondos desembolsados.
