La fiscalía federal formalizó una exigencia legal dirigida a un ex alto funcionario nacional para que fundamente la procedencia de sus activos. Esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito determinó un descalce financiero relevante entre los ingresos declarados por el grupo familiar y los desembolsos realizados.
El dictamen judicial fijó un plazo de quince días para presentar los comprobantes que justifiquen las adquisiciones inmobiliarias y bancarias. Durante esta fase del proceso penal el juzgado a cargo notificará formalmente a la defensa para que entregue la documentación requerida antes de definir una eventual citación a indagatoria.
El informe técnico detalló egresos millonarios en dólares que incluyeron compras de propiedades, remodelaciones completas y transacciones con activos digitales no declarados. Asimismo, los peritos del Ministerio Público detectaron la intervención de terceras personas en el pago de consumos personales mediante el uso de plásticos crediticios ajenos.
Los investigadores aguardarán los descargos de la defensa antes de resolver si solicitan el llamado a prestar declaración como imputado. Las autoridades del fuero federal evaluarán la trazabilidad del dinero argumentado para determinar si las pruebas justifican el avance del expediente judicial.
