La designación de Esteban Mahiques al frente del Gabinete de Asesores oficializa la influencia de una de las genealogías judiciales más potentes del país en la cartera nacional. Bajo una modalidad ad honorem, el nombramiento no solo refuerza el control familiar sobre el Ministerio, sino que reactiva los interrogantes sobre la voluntad del Ejecutivo para avanzar en las investigaciones por evasión fiscal que cercan a la cúpula de la AFA.
A través del Decreto 251/2026, el Gobierno formalizó la llegada de Esteban Mahiques a la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, bajo la órbita directa de su hermano, Juan Bautista Mahiques. Si bien la norma resalta el carácter no remunerativo del cargo, la lectura política trasciende lo presupuestario. El movimiento se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional, marcado por el desplazamiento de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las crecientes denuncias de ARCA contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La consolidación de este esquema familiar en el área de Justicia sugiere una reconfiguración de prioridades donde los vínculos con el poder deportivo y judicial se entrelazan de forma indivisible.
La genealogía judicial como factor de poder
Para comprender el impacto estructural de este nombramiento, es preciso situarlo en la trayectoria de la familia Mahiques, cuyos integrantes ocupan posiciones estratégicas en diversos estratos de la justicia penal y de casación. Esteban Mahiques, con pasado en Cancillería y en el Tribunal de Disciplina de la AFA, representa el nexo operativo entre la gestión ministerial y el universo del fútbol profesional. Este despliegue territorial —que incluye a Carlos Mahiques en Casación e Ignacio Mahiques en la Cámara porteña— dota al Ministerio de una «capilaridad judicial» que pocos antecesores han ostentado, permitiendo una coordinación de intereses que excede las funciones administrativas del cargo.
El eje AFA-Justicia y el factor Vítolo
El desplazamiento de Daniel Vítolo de la IGJ es el antecedente inmediato que otorga sentido a esta designación. Vítolo, quien lideraba investigaciones sobre presunta evasión fiscal y la existencia de entidades educativas irregulares vinculadas a la AFA (como la Unafa), vinculó directamente su salida a un pedido del ministro Mahiques. El conflicto de intereses radica en un dato de conocimiento público: el actual titular de Justicia ha desempeñado cargos jerárquicos en la propia estructura que debía investigar. La llegada de su hermano al gabinete de asesores actúa, para diversos analistas, como un cierre de filas que garantiza el «status quo» en las causas que involucran a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
La lógica de las designaciones «ad honorem»
Al igual que en la Secretaría de Obras Públicas —donde se oficializó el ascenso de Bernardo Bartolomé Heredia tras la salida de Luis Giovine—, el uso de cargos ad honorem se ha convertido en una herramienta recurrente de la actual administración. Si bien se presenta como un gesto de austeridad fiscal, en términos de análisis político, esta modalidad permite incorporar cuadros técnicos y políticos con intereses en el sector privado o en otros organismos, evitando incompatibilidades salariales pero reteniendo la totalidad de las facultades de firma y decisión. En el caso del Ministerio de Justicia, esta figura legal blinda la operatividad del núcleo duro del ministro sin generar fricciones inmediatas con el discurso de recorte del gasto público.
La reestructuración del Ministerio de Justicia, coronada con la oficialización de los hermanos Mahiques al mando de la cartera, marca un punto de inflexión en la relación del Gobierno con el Poder Judicial y los entes autárquicos. A mediano plazo, el éxito de esta gestión no se medirá únicamente por su eficiencia administrativa, sino por el destino de las causas sensibles que hoy parecen haber entrado en un cono de sombra. La pregunta que subyace en el Círculo Rojo es si esta concentración de influencia familiar funcionará como un motor de reforma o como un mecanismo de protección para sectores que, hasta hace semanas, estaban bajo un riguroso escrutinio fiscal.
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