Tras el pico estacional de marzo, las proyecciones de abril sugieren una desaceleración técnica impulsada por el agotamiento de shocks puntuales en alimentos y educación. Sin embargo, la inercia de los combustibles y la presión salarial del segundo trimestre configuran un escenario de «meseta alta» que desafía las metas oficiales de convergencia hacia el nivel cero.
La dinámica de precios de este primer cuatrimestre de 2026 no puede comprenderse sin analizar la sucesión de shocks sectoriales que han operado como motores de arrastre. Si bien el IPC de marzo (3,4%) fue interpretado por el mercado como un fenómeno transitorio —atado al inicio del ciclo lectivo y a la volatilidad del precio de la carne—, la tendencia de fondo revela una rigidez estructural. Los antecedentes inmediatos muestran que factores externos, como el dólar en 2025 y los servicios públicos a inicios de este año, han construido un piso inercial difícil de perforar. La desinflación actual se percibe más como una estabilización tras el salto que como un cambio de tendencia definitivo hacia la remonetización que sugiere el Fondo Monetario Internacional.
El causa de la dificultad para alcanzar el 1% mensual reside en una puja distributiva y de costos regulados. Mientras el Ejecutivo mantiene una política monetaria estrictamente contractiva para secar la plaza de pesos, actores clave como las empresas energéticas y refinadoras continúan traccionando el índice a través de la actualización de combustibles. El interés oficial por mostrar una desinflación rápida choca con la necesidad de YPF y otras operadoras de no quedar rezagadas frente a la cotización internacional del crudo, incluso ante treguas geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Esta tensión entre el ancla fiscal del Gobierno y el costo de los insumos básicos define la «inflación subyacente», que ha mantenido un piso inquebrantable del 1,9% durante la actual gestión.
Impacto estructural y proyecciones de mercado
A escala estructural, este escenario de desinflación lenta afecta de manera diferenciada a los actores económicos. Para los gobernadores, la persistencia de una inflación cercana al 2% dificulta la planificación presupuestaria y tensa las negociaciones paritarias, que ganarán peso en el segundo trimestre del año. Para el ciudadano de a pie, la moderación en alimentos —especialmente carnes— ofrece un alivio de corto plazo, pero el efecto derrame de los combustibles sobre la logística y el transporte público mantiene erosionado el poder adquisitivo. A mediano plazo, la consolidación de este piso inflacionario podría obligar al Banco Central a mantener tasas reales positivas por más tiempo del previsto, retrasando una reactivación más vigorosa del crédito al consumo.
La solidez del sendero descendente dependerá de la capacidad de la administración para desactivar los indexadores automáticos de la economía argentina. El optimismo de sectores ligados a la Fundación Libertad y Progreso sobre un posible IPC del 1% en el segundo semestre queda supeditado a la ausencia de shocks externos y a la disciplina de precios en el mercado mayorista. No obstante, la advertencia de analistas sobre la inercia acumulada sugiere que la pretensión presidencial de «inflación cero» sigue siendo un objetivo de máxima que carece, por ahora, de un correlato en la estructura de costos directos de la industria y los servicios.
El escenario inflacionario de abril marca una victoria táctica en la reducción del índice, pero la batalla estratégica contra la inercia del 2% mensual permanece abierta. La autoridad del programa económico se juega en su capacidad para demostrar que la baja de precios no es solo el resultado de una recesión inducida, sino el inicio de una estabilidad duradera.
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