El último informe de Inquilinos Agrupados revela una mutación en la crisis de vivienda: el problema ya no reside únicamente en la oferta inmobiliaria, sino en la erosión de la capacidad de pago. La desregulación de los contratos convive con un fenómeno de pluriempleo y dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas.
La situación actual del mercado locativo no es un evento aislado, sino la consecuencia directa de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres y liberalizó las condiciones contractuales. Tras años de una oferta retraída por la incertidumbre regulatoria, la recomposición del stock de unidades disponibles —hoy más alta que en 2023— se topa con un muro de ingresos reales históricamente bajos. Este escenario se conecta con la política de «pisar» las paritarias frente a una inflación de servicios y expensas que, en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, ya promedian los $250.000, convirtiéndose en un «segundo alquiler» que altera cualquier ecuación de ahorro previa.
Detrás de las cifras de endeudamiento, donde el 70,9% de los locatarios mantiene saldos pasivos, se libra una batalla por la distribución del ingreso. El sector inmobiliario y los propietarios defienden la libertad de pactar ajustes trimestrales como mecanismo para preservar la rentabilidad ante la volatilidad económica. Sin embargo, las organizaciones de inquilinos denuncian que este esquema transfiere el riesgo inflacionario íntegramente al trabajador. El dato de que el 53,2% de los encuestados toma crédito para comprar alimentos indica que el sector financiero está actuando como el último —y costoso— amortiguador de una estructura que ya no logra cubrir el costo de vida corriente con el salario formal.
Impacto Estructural y Proyecciones
A escala macroeconómica, el impacto es devastador para el consumo interno. El «desalojo económico», que ya forzó al 17,2% de los inquilinos a mudarse por insolvencia, prefigura una reconfiguración urbana hacia la periferia y el hacinamiento. El surgimiento de una «segunda generación inquilina» (que supera el 50% en CABA) marca la ruptura definitiva de la movilidad social ascendente vinculada a la propiedad en Argentina. A mediano plazo, si el pluriempleo y el recorte en el consumo de alimentos —que afecta a casi el 30% de los hogares— se consolidan como estrategias de supervivencia, la estabilidad social del modelo de libre mercado habitacional enfrentará tensiones críticas por la falta de un horizonte de previsibilidad mínima.
La crisis habitacional en Buenos Aires y el interior del país ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo sistémico. El equilibrio entre una oferta revitalizada y una demanda insolventada parece insostenible sin una mediación estatal que reequilibre la balanza, antes de que el endeudamiento familiar se transforme en una morosidad generalizada imposible de contener.
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