La administración bonaerense oficializó la desvinculación formal con la Casa Rosada para el procesamiento técnico y financiero de los fondos del pasaje. Mediante un decreto publicado recientemente la provincia formalizó la transferencia definitiva de facultades operativas, administrando de forma exclusiva las compensaciones tarifarias que reciben los colectivos de jurisdicción local.
La medida deja sin efecto la cooperación que regía desde 2018 para auditar montos y liquidaciones en las líneas del conurbano. Este traspaso de responsabilidades estatales agilizará la efectivización de los recursos evitando las demoras administrativas que generaba el circuito técnico nacional en el reparto mensual a las empresas.
Las autoridades de la cartera de transporte confirmaron que el cambio normativo no alterará el valor inmediato de los boletos ni el cálculo del subsidio. Por su parte los funcionarios bonaerenses aseguraron que la fiscalización continuará basándose en los registros satelitales del GPS, los kilómetros recorridos por unidad y el caudal diario de pasajeros transportados.
En paralelo la provincia suscribió convenios estratégicos para garantizar el funcionamiento de servicios de larga distancia golpeados por la crisis general del sector. De esta forma el ejecutivo bonaerense busca asegurar el flujo prestacional en corredores neurálgicos que conectan el interior provincial, absorbiendo partidas presupuestarias ante el retiro de aportes federales.
La concentración absoluta del sistema financiero deja al Tesoro provincial frente a un esquema prestacional con costos operativos en constante alza. La gestión integral del transporte exigirá una rigurosa coordinación con las cámaras empresariales para sostener la cobertura de los recorridos y la frecuencia sin sobrecargar las tarifas urbanas.
