El Gobernador bonaerense presentó un informe crítico ante jefes comunales, detallando una caída sostenida en los ingresos coparticipables. La gestión provincial prevé un escenario de fuertes restricciones financieras debido a la pérdida de recursos nacionales que ya alcanza cifras multimillonarias.
En un encuentro de alta tensión política y económica desarrollado en el Salón Dorado de la Gobernación, Axel Kicillof trazó una cruda radiografía sobre el estado de las arcas públicas de Buenos Aires. Ante una audiencia compuesta por 60 intendentes de diversos signos políticos, el mandatario provincial comunicó la profundización de un esquema de austeridad obligada, fundamentado en una retracción drástica de los fondos provenientes de Nación que no muestra signos de recuperación en el corto plazo.
Durante la exposición, el equipo económico liderado por Pablo López desglosó estadísticas que reflejan un panorama sombrío para el primer trimestre del año. Los datos oficiales indican que la recaudación nacional sufrió retrocesos mensuales cercanos a los diez puntos porcentuales de forma consecutiva. Esta tendencia, que se mantuvo inalterable entre enero y marzo, golpea el núcleo de las finanzas bonaerenses, dado que el 80% de su estructura presupuestaria depende directamente de la coparticipación federal.
El impacto fiscal se traduce en números concretos: solo durante el mes de febrero, la administración provincial percibió 100.000 millones de pesos menos en comparación con el mismo período del ciclo anterior. Esta merma se ve agravada por la caída simultánea en el cobro de impuestos locales y tasas municipales, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra para la ejecución de obras y la asistencia social. En términos políticos, Kicillof responsabilizó directamente a las políticas de la Casa Rosada por el estancamiento de la actividad, marcando una distancia insalvable con el modelo económico de Javier Milei.
El cónclave en La Plata funcionó como un llamado de atención para los distritos del Conurbano y el interior, donde la preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y el deterioro del tejido social comienza a dominar la agenda de los jefes comunales frente a un invierno que se anticipa complejo.
