El organismo oficial registró apenas 99.673 nuevas prestaciones en la primera mitad de este año. La cifra representa una drástica disminución del 45% respecto de 2025 y un 53% en comparación con 2024, respondiendo directamente a la finalización de la última moratoria.
La expiración de la Ley 27.705 restringió severamente las alternativas de regularización para quienes no alcanzan los 30 años de contribuciones exigidos. Los analistas en materia de previsión social advierten que la persistente informalidad del mercado laboral agrava este escenario, forzando a miles de personas a postergar su retiro.
El fin de la prórroga de compra de aportes modificó de forma sustancial la dinámica del régimen general, derivando en que por primera vez en años la proporción de altas sin moratoria fuera superior, alcanzando un 57%. Los estudios del sistema de seguridad social indican que el 43% restante debió apelar a mecanismos residuales como la Ley 24.476 o a la adquisición de unidades para trabajadores en actividad. Ante la imposibilidad de completar los requisitos legales, crece de forma exponencial la solicitud de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que ya abarca a 218.844 beneficiarios en todo el país.
El actual panorama socioeconómico plantea serios desafíos presupuestarios para las finanzas públicas de la administración nacional. Las consultoras privadas de la materia señalan la urgencia de debatir reformas estructurales integrales que ofrezcan mecanismos proporcionales para los futuros solicitantes del territorio provincial.
