Tras el inicio de las licitaciones por el mantenimiento de la red principal, el Palacio de Hacienda diseña un nuevo esquema de obras para transformar corredores estratégicos. El plan busca financiar autovías y ampliaciones de calzada sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional, delegando la inversión en el sector privado.
La administración central ha comenzado a trazar la hoja de ruta para una ambiciosa transformación de la infraestructura terrestre argentina, orientada a eliminar el déficit de inversión estatal en los caminos de la producción y el turismo. Este martes 7 de abril, se conocieron detalles del plan que el Ministerio de Economía, en coordinación con Vialidad Nacional y la cartera de Desregulación, denomina la «segunda ola» de concesiones. El proyecto contempla la intervención sobre 12.000 kilómetros adicionales a los 9.000 que ya se encuentran en proceso de adjudicación, bajo una premisa innegociable para el Ejecutivo: que las constructoras financien las mejoras a cambio de la explotación de peajes, liberando al Estado de la carga presupuestaria que implican las grandes obras de ingeniería vial.
La iniciativa cobró visibilidad tras las recientes definiciones del ministro Luis Caputo, quien subrayó que el objetivo para el cierre del mandato es lograr un cambio radical en el mapa logístico del país. Mientras la primera etapa se concentra estrictamente en el mantenimiento y la recuperación de la transitabilidad de las rutas nacionales más utilizadas, este segundo paquete apunta a soluciones estructurales como la creación de doble mano, terceros carriles y variantes de paso en zonas críticas. El relevamiento técnico de Vialidad Nacional ya identifica en «rojo» los tramos con mayor saturación de tránsito, donde la construcción de autovías se vuelve una prioridad urgente para reducir la siniestralidad y agilizar el transporte de carga hacia los puertos.
Actualmente, las áreas técnicas de Obras Públicas y el equipo de Federico Sturzenegger trabajan en los análisis de factibilidad y en la estructura de costos que determinará la rentabilidad de estas nuevas concesiones. A diferencia de los modelos de obra pública tradicionales, el Gobierno apuesta a que el flujo de usuarios sea el motor que sostenga la recuperación de la red vial, la cual presenta hoy un estado de deterioro avanzado. Este esquema de gestión privada busca profesionalizar la administración de los corredores que concentran el grueso del movimiento económico del país, permitiendo que el financiamiento provenga directamente de quienes utilizan la infraestructura y no de la recaudación general de impuestos.
El avance de este plan de 12.000 kilómetros adicionales dependerá del éxito de las licitaciones en curso, las cuales servirán de termómetro para medir el interés de las empresas internacionales y locales en un modelo que promete cambiar las reglas de juego de la obra pública en Argentina.
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